En la última sentencia publicada en el 2022, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso de revisión contra un fallo de la Tercera Sala de la SCJ, que no acogió un recurso de casación interpuesto por una persona que promovía la nulidad de un certificado de título de propiedad, ratificando la falta de calidad del recurrente.
El TC determinó que la Suprema Corte de Justicia no incurrió en las violaciones alegadas, sino que realizó una correcta aplicación de la Ley 108-05, preservó el derecho de defensa y cumplió con el deber de motivación. De esa forma, considera que se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva y las garantías esenciales del debido proceso que reconoce la Carta Magna. (TC-532-22)